Después del terremoto, los presos políticos siguen fuera de la mirada: piden que la CIDH entre a Venezuela
Carlos Bustos 
La CIDH ingrese a Venezuela, inspeccione las cárceles y verifique las condiciones de los presos políticos
Este 24 de julio se cumplió un mes del doble terremoto que sacudió a Venezuela. Cuando la tierra tembló el 24 de junio, miles de familias buscaron a sus seres queridos entre hospitales, refugios y edificios derrumbados. Para los familiares de quienes permanecen presos por motivos políticos, la angustia tomó otra forma: puertas cerradas, comunicaciones inciertas y una pregunta básica que el Estado debe responder cuando alguien está bajo su custodia, que es si esa persona se encuentra a salvo.
Los presos también son seres humanos, con padres, hijos, esposas, hermanos y familias que vivieron la emergencia sin saber con certeza qué ocurría dentro de los centros de detención. Ana Julia Jatar, defensora de los derechos humanos y vocera de la plataforma digital Granito de Arena, advierte que las personas privadas de libertad son siempre las más vulnerables y las más invisibles. Por eso impulsa una campaña para pedir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre a Venezuela, inspeccione las cárceles y verifique las condiciones de los presos políticos.
La emergencia, generada por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 y una larga secuencia de réplicas, volvió a exponer la vulnerabilidad de la población penitenciaria. El balance oficial divulgado el 21 de julio situó la tragedia en 5.278 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y 190 colapsados. En medio de esa devastación, sigue sin conocerse públicamente qué inspecciones se realizaron en los centros de detención, qué protocolos de evacuación se activaron y qué información recibieron los familiares de los reclusos.
Cada firma, una exigencia de presencia
Granito de Arena nació, según explica Jatar, para darle a los venezolanos, dentro y fuera del país, una forma concreta de participar en la defensa de los derechos humanos cuando no saben por dónde empezar. Detrás de cada firma hay una voz que reclama información, una familia que quiere saber cómo está su ser querido y una sociedad que se niega a quedarse indiferente.
Firme y comparta la petición: https://www.change.org/p/exigimos-la-entrada-de-la-cidh-a-venezuela-500-presos-políticos-no-pueden-esperar-más
Firmar no es solo escribir un nombre en una plataforma digital: es acompañar a las madres, esposas, hijos y hermanos que esperan noticias frente a las puertas de una cárcel. Es exigir atención médica, visitas regulares, comunicación con abogados y condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana, además de pedir que las denuncias de aislamiento, maltrato y presuntas torturas se investiguen de manera independiente.
Una sola firma no abrirá las puertas de una prisión, pero miles de firmas pueden convertir el dolor de las familias en una exigencia pública imposible de ignorar, y demostrar ante la CIDH, los gobiernos y las autoridades venezolanas que existe una ciudadanía atenta que reclama presencia internacional, transparencia y rendición de cuentas.
La fuerza de la campaña está en sumar voluntades. Cada firma representa a alguien que decide no mirar hacia otro lado, y recuerda que detrás de cada celda hay un ser humano con una historia, una familia y derechos que deben respetarse. Firmar equivale a pedir que la CIDH entre a Venezuela, observe directamente las condiciones de las cárceles y escuche a quienes llevan demasiado tiempo aislados.
Permitir el ingreso de la CIDH no sería una concesión política, sino una medida urgente de protección y una prueba concreta de que Venezuela está dispuesta a abrir sus cárceles a la verdad. Ningún muro puede colocarse por encima de la vida humana, y ninguna sociedad debe acostumbrarse al sufrimiento que se esconde detrás de una celda.
Que las cárceles dejen de ser un territorio sin testigos
En medio de una tragedia que dejó a miles de familias de luto, los muros de las cárceles no pueden convertirse en una barrera contra la verdad. Detrás de cada detenido hay una familia que necesita saber si está vivo, si resultó herido, si recibe atención médica y si permanece recluido en condiciones seguras. El derecho a conocer esa información no puede depender de rumores, mensajes clandestinos o unos pocos minutos de visita.
Granito de Arena busca convertir una acción individual (una firma electrónica) en una exigencia colectiva de transparencia, protección y rendición de cuentas. Para Jatar, sin la presencia de observadores independientes resulta imposible exigir que alguien responda por lo que ocurre puertas adentro. Su advertencia cobra una dimensión todavía más grave tras el doble terremoto, cuando las personas privadas de libertad dependían por completo de las autoridades para ser evacuadas, recibir atención médica, comunicarse con sus familiares o ser trasladadas a instalaciones seguras.
La urgencia no se limita a determinar si los edificios penitenciarios resistieron los movimientos sísmicos. También exige comprobar si existen protocolos de evacuación, condiciones sanitarias adecuadas, alimentación, agua potable, atención médica y comunicación confidencial con familiares y abogados. Impedir una verificación independiente prolonga la indefensión de las víctimas y permite que las denuncias de maltrato o tortura sigan ocultas detrás de puertas cerradas.
Veinticuatro años sin una visita dentro de Venezuela
En marzo de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya había expresado preocupación por denuncias de tortura, malos tratos y hacinamiento en Rodeo I. En abril de 2026, la CIDH otorgó medidas cautelares a César Antonio Alfonso Omaña Alcalá y a su padre, tras recibir información sobre aislamiento prolongado, restricciones de visitas, falta de comunicación con familiares y abogados, deterioro de salud y condiciones precarias de alimentación, agua, higiene y atención médica. La resolución no dio por probadas todas las acusaciones, pero sí determinó que existía una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable.
La última visita que la CIDH realizó efectivamente dentro de Venezuela se dio entre el 6 y el 10 de mayo de 2002, por invitación del entonces presidente Hugo Chávez. La delegación se reunió con representantes de los poderes públicos, integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional, organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas y familiares, y recibió testimonios de distintas regiones del país.
Desde entonces, la Comisión solicitó en numerosas ocasiones la autorización del Estado para regresar. En julio de 2019, Gustavo Tarre, entonces reconocido como representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, extendió una invitación formal. La CIDH programó una visita para febrero de 2020, pero las autoridades venezolanas impidieron que la delegación abordara en Panamá el vuelo con destino a Caracas.
La misión tuvo que trasladarse a Bogotá y Cúcuta, donde recibió información documental y audiovisual, se reunió con víctimas, periodistas, organizaciones sociales y actores humanitarios, y recogió cerca de 70 testimonios presenciales, además de otros 130 recibidos de forma virtual. La CIDH clasifica esa actividad como una visita de observación sobre Venezuela, pero la delegación no logró entrar al territorio nacional. Escuchar testimonios desde la frontera permitió documentar patrones, pero no sustituyó la posibilidad de inspeccionar una cárcel, revisar registros o entrevistar a los detenidos sin intimidación.
La propia Comisión volvió a reconocer la urgencia de una nueva visita. El 3 de septiembre de 2025, la CIDH pidió autorización para ingresar a Venezuela y verificar, en particular, las condiciones de las personas detenidas en El Helicoide. Según su Informe Anual 2025, el Estado no había respondido cuando se cerró la elaboración de ese documento.
Un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento y el abandono
El Informe Anual 2025 de la CIDH describe un sistema penitenciario con 22.019 personas recluidas para una capacidad real de 15.096 plazas, lo que representaba un hacinamiento general del 45,85%. Siete establecimientos tenían niveles de ocupación de entre 110% y 255%. La Comisión también señaló infraestructura deteriorada, celdas sin ventilación ni luz natural suficiente, alimentación deficiente, acceso limitado al agua y falta de atención médica oportuna.
La precariedad obliga a numerosas familias a suministrar ropa, productos de higiene y colchonetas. En algunos calabozos, pensados para detenciones de no más de 48 horas, las personas permanecen por períodos prolongados y, debido al hacinamiento, algunas deben dormir de pie o en sábanas que usan como hamacas. La CIDH también recogió denuncias sobre golpizas, restricciones severas de agua y alimentos, desnudez forzada, aislamiento prolongado y encierro en celdas de castigo conocidas como tigritos.
En 2025, decenas de detenidos por motivos políticos permanecieron incomunicados de sus familiares y de sus defensas legales. Para abril de ese año, 64 familias no habían recibido notificación formal sobre el centro de reclusión de sus parientes. Algunas obtenían información a través de otros presos o de funcionarios que las llamaban para pedir medicamentos o suministros básicos. La Comisión exigió verificar el estado de salud de los detenidos y garantizar visitas regulares de familiares y abogados.
